La discusión sobre inteligencia artificial en la República Dominicana no se agota en el avance tecnológico, sino que remite a una cuestión de poder, supervisión y capacidad institucional. El artículo sostiene que la integración de la IA avanza bajo el control de grandes empresas privadas y con una supervisión democrática mínima, en un escenario en el que estas plataformas administran atención, afectos y marcos de interpretación a gran escala.
A partir de esa realidad, el texto asume las limitaciones del país: una presión tributaria de alrededor del 14 % del PIB, una burocracia todavía en proceso de profesionalización, una capacidad regulatoria reducida y una dependencia crítica del mercado norteamericano. Ese panorama impide a la República Dominicana regular a empresas como Meta, OpenAI o Google, construir sus propias redes sociales o imponer condiciones a las plataformas que dominan la comunicación global.
Sin embargo, la advertencia central no apunta a la impotencia, sino a la omisión. El artículo plantea que, incluso dentro de esa asimetría, el Estado dominicano conserva márgenes que no ha ejercido con intención, mientras la sociedad civil dispone de herramientas que puede activar sin esperar al Estado y existen palancas multilaterales que no se han usado. Entre esas áreas, menciona decisiones cotidianas del propio Estado sobre qué sistemas de IA adopta en sus instituciones, bajo qué condiciones contrata con proveedores tecnológicos y qué datos públicos pone o no a disposición de actores privados, un terreno que abre exigencias de vigilancia y rendición de cuentas sobre cómo se está gestionando un tema con impacto directo en la democracia.