Un artículo de opinión volvió a situar en el centro del debate el uso de la prisión preventiva en expedientes de corrupción administrativa, al cuestionar que esa medida se haya convertido en una respuesta recurrente pese a que, según el texto, en medio siglo solo se conocen cuatro casos de funcionarios que se han fugado del país para evitar juicios. La pieza cita como ejemplo el caso de Donald Guerrero y otros imputados, y sostiene que, una vez vencen los plazos máximos de encierro o se varía la coerción, los acusados permanecen en el país para enfrentar el proceso en libertad.
El planteamiento advierte sobre el riesgo institucional de utilizar la prisión preventiva como una sanción anticipada y no como una excepción. Además, señala que, si un imputado termina fuera del expediente, no existe resarcimiento financiero por el daño reputacional causado, mientras los fiscales no asumen consecuencias por la solidez o debilidad del caso presentado.
De ese modo, la propuesta de un pacto político de «borrón y cuenta nueva» para despolitizar las medidas de coerción abre una discusión más amplia sobre rendición de cuentas, debido proceso y el contraste entre el discurso de combate a la corrupción y la obligación de respetar garantías básicas. En ese marco, el texto plantea que la presión política y la demanda de resultados no pueden sustituir la necesidad de expedientes sólidos ni justificar decisiones que luego agraven el desgaste institucional.