La investigación del Ministerio Público sobre la Operación Cobra 2.0-A volvió a colocar bajo escrutinio la capacidad de control alrededor del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), después de que la Pepca informara que ha encontrado autorizaciones médicas facturadas y cobradas por procedimientos que, según el expediente, no fueron realizados. Por el caso hay 26 arrestados y el órgano acusador solicitará prisión preventiva por 18 meses, además de que el proceso sea declarado complejo.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Pepca, sostuvo que el expediente judicializa un presunto esquema organizado desde el SeNaSa con exempleados de la institución y médicos con códigos asignados. La funcionaria dijo que el Ministerio Público está preparado para conocer la medida de coerción contra los arrestados por sustraer fondos públicos aprovechándose del seguro estatal, un señalamiento que vuelve a poner el foco en la vigilancia interna de una entidad clave para los afiliados.
La audiencia fue aplazada luego de que las defensas solicitaran plazo para conocer las pruebas presentadas por el Ministerio Público. Ortiz agregó que el proceso fue fusionado con una nueva persona que se integra a la lista de los 22 médicos sometidos, lo que llevó al tribunal a acoger el pedimento y fijar la continuación para el miércoles 23 de septiembre. Con el caso ya en fase judicial, la investigación abre un frente de rendición de cuentas sobre cómo operó el presunto entramado dentro de una institución pública llamada a proteger recursos y servicios de salud.