La reacción de las defensas en el caso Senasa 2.0 abrió un flanco de fiscalización sobre el manejo institucional del expediente, luego de que abogados de varios imputados afirmaran que los allanamientos y arrestos no los tomaron por sorpresa. Según Billy Gerónimo, representante legal de Angeury Guzmán, se sabía que “en algún momento” esas acciones se producirían, y aseguró que su defendido, arrestado en la capital, está preparado para responder a las acusaciones. “Estamos preparados para la fijación de la medida de coerción; (preparados) para echar el pleito”, dijo.
En la misma línea, Manuel Mateo, abogado de dos médicos vinculados al caso, sostuvo que sus representados no representan peligro de fuga ni comprometerán el proceso judicial, por lo que entiende que la etapa que sigue puede conocerse con ellos en libertad. “Son profesionales de la salud y, además, no van a obstaculizar el normal desarrollo de la investigación. Son personas que tienen arraigos más que suficientes, profesionales de la salud connotados. Ellos sabían del proceso de investigación desde hace más de un año y no se sustrajeron”, explicó.
El Ministerio Público solicitó el sábado 18 meses de prisión preventiva para 25 de los arrestados en la operación Cobra 2.0-A, desplegada el viernes dentro de las pesquisas sobre un supuesto entramado de corrupción administrativa que habría sustraído fondos públicos aprovechándose del Seguro Nacional de Salud (Senasa). La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Pepca, encabezó el equipo de fiscales que depositó la solicitud ante la Oficina Judicial correspondiente. En un caso que toca recursos públicos y servicios sensibles, las declaraciones de las defensas colocan el foco en la necesidad de seguimiento ciudadano y rendición de cuentas sobre el curso y los resultados del proceso.