El año pasado, las remesas enviadas a países de ingreso bajo y mediano alcanzaron US$728,600 millones, un aumento de 94 % frente a 2016, según un informe del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) divulgado este lunes 14 y recogido por IPS. En América Latina y el Caribe, el avance fue todavía más pronunciado: 132 % en diez años, hasta US$168,600 millones, en un escenario en el que estos recursos ya superan en más de cuatro veces la ayuda oficial al desarrollo de los países industrializados.
El propio documento relaciona parte de ese crecimiento con el incremento de la migración, que subió 41 % en la década, empujada por el éxodo venezolano, la inestabilidad económica, la inseguridad y los fenómenos climáticos en distintos países del hemisferio. Aunque el presidente del FIDA, Álvaro Lario, subrayó que estos envíos permiten cubrir necesidades básicas y reforzar la capacidad de las familias para resistir las crisis, el dato también deja ver un contraste de fondo: una porción creciente del sostén social depende del dinero generado por el trabajo migrante y no de respuestas públicas suficientes en los países de origen.
Alrededor de uno de cada tres dólares remitidos por migrantes, unos US$233,000 millones, llegó a zonas rurales, donde siguen pesando más las limitaciones en empleo formal, servicios financieros e infraestructura pública. Ese patrón pone el foco en la necesidad de vigilancia institucional y de rendición de cuentas sobre la gestión económica y social, en momentos en que el debate regional sobre resultados, presión fiscal y prioridades del gasto continúa abierto. En ese marco, cualquier discurso oficial de estabilidad queda bajo escrutinio frente a una realidad en la que millones de familias siguen dependiendo de las remesas para sostener su vida cotidiana.