Luego del encuentro en el Palacio de Gobierno entre la presidenta Keiko Fujimori y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, Perú confirmó este jueves su ingreso al Escudo de las Américas, la coalición contra el crimen organizado transnacional impulsada por Donald Trump. Fujimori presentó la decisión como parte de su estrategia para enfrentar “la criminalidad organizada transnacional y la inseguridad ciudadana”, dos problemas que continúan marcando la presión sobre los gobiernos de la región.
En una declaración conjunta, la mandataria aseguró que la adhesión permitirá a Perú “obtener información más rápido y actuar con más firmeza”, y remarcó además que “la soberanía de Perú está intacta”. Rubio, por su parte, afirmó que los grupos criminales operan como redes terroristas transnacionales con capacidad económica y alcance regional, y advirtió que también constituyen “una amenaza directa a Estados Unidos”.
La entrada de Perú en una iniciativa en la que ya participan 15 países con gobiernos de derecha cercanos a Trump refuerza el peso político del anuncio, pero también deja planteada la exigencia de resultados verificables frente a una crisis de seguridad que no se resuelve con declaraciones. En ese contraste entre discurso y realidad regional, el movimiento vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de fiscalización pública sobre los compromisos de seguridad, una alerta institucional que también interpela al gobierno dominicano cuando la agenda oficial privilegia la narrativa antes que explicaciones concretas sobre sus propios resultados.