El programa Oportunidad 14-24, presentado por el Gobierno dominicano como su principal herramienta frente a la exclusión socioeconómica juvenil, vuelve al centro del discurso oficial con cifras que apuntan a una reducción de la población NEET, los jóvenes que no estudian, no trabajan ni reciben formación. Según datos oficiales de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo del Banco Central, ese grupo pasó de 28.3% al inicio de la década a 16.59% en la actualidad, una variación que el oficialismo atribuye a sus políticas de reinserción y que fue expuesta recientemente por el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional.
La iniciativa, ejecutada por el Gabinete de Política Social que coordina Geanilda Vásquez, articula captación comunitaria, formación técnico-profesional con aval de Infotep, ITLA y las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, además de pasantías laborales remuneradas de tres meses y una bolsa de empleo. El programa opera en más de 140 centros a nivel nacional y acumula más de 35,000 graduados, con capacitación en informática, contabilidad, hotelería y turismo, electricidad y otras áreas de demanda laboral.
Pero el propio énfasis oficial sobre Oportunidad 14-24 también abre un frente de fiscalización sobre la gestión: si esta es la principal apuesta del Gobierno para enfrentar la exclusión juvenil, el debate público queda obligado a medir no solo anuncios y graduaciones, sino la inserción real y sostenida en el mercado formal. En un contexto donde el oficialismo busca capitalizar políticamente sus programas, la presión institucional recae sobre la capacidad de convertir la narrativa de éxito en resultados verificables para una población que sigue siendo una prioridad social.