Este lunes, el presidente Luis Abinader reconoció que la expansión de los alquileres de corto plazo tipo Airbnb puede estar empujando el precio de la vivienda, no por el arrendamiento en sí, sino por la compra de apartamentos para colocarlos en esas plataformas. Frente a ese efecto sobre el acceso habitacional, el Gobierno dominicano señaló que la regulación del sector todavía “se está estudiando como en todos los países y para regularlo también”, una respuesta que mantiene abierta la vigilancia sobre un mercado que ya incide en los costos.
La admisión se produjo en un intercambio sobre el costo de la vida, donde también se planteó que el sector construcción crece, pero el índice de precios de la construcción aumenta y el financiamiento continúa “caro” para buena parte de la clase media. Allí, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, defendió que la comparación adecuada es con décadas anteriores y recordó que en los años noventa las tasas promedio rondaban entre 25% y 30%, aunque aceptó que el mercado hipotecario de largo plazo apenas empieza a desarrollarse.
La diferencia quedó marcada entre el discurso oficial sobre los avances y la presión que el propio Gobierno admite sobre la vivienda. Abinader afirmó que Vivienda Feliz ha dado resultados “como ningún otro programa” y aseguró que entre 70% y 80% de las viviendas de bajo costo del país se han levantado durante su gestión, pero la discusión pública volvió a colocar en primer plano el problema de precios, financiamiento y regulación pendiente, con efectos directos para la clase media y para la capacidad del Estado de responder a tiempo.