El Consejo de Estado de Cuba dio a conocer este jueves el Decreto-Ley 128, una norma que permite a las empresas extranjeras contratar personal de manera directa, sin intermediación de agencias estatales, y abrir cuentas bancarias en el exterior sin contar con autorización previa del Banco Central de Cuba. Además, la disposición habilita al sector privado para crear agencias de turismo, en otro paso de flexibilización sobre ámbitos que antes estaban bajo un control más estricto del Estado.
En una rueda de prensa, el viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior, Óscar Pérez-Oliva, afirmó que las medidas “podrían tener un impacto en la economía a corto plazo”, aunque reconoció que su efecto real no puede “calcularse” por el “componente de presión externa que no podemos desconocer”. Con esa declaración quedó expuesto el principal punto de examen del paquete: el Gobierno presenta cambios de gran alcance, pero aún no precisa resultados verificables.
Las medidas, publicadas en la Gaceta Oficial, forman parte de las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas en junio. Hasta ahora, las compañías internacionales debían contratar a su personal local a través de agencias empleadoras del Estado; con el cambio, tanto las empresas mixtas como las de capital 100 % extranjero podrán hacerlo directamente, lo que pone fin a ese monopolio estatal. También podrán pagar bonificaciones o gratificaciones en moneda extranjera. El decreto suprime además la autorización previa del Banco Central para gestionar cuentas en el exterior, aunque obliga a notificar su apertura en un plazo de siete días y a auditar los movimientos, mientras simplifica por vía digital los permisos de importación y exportación.
La flexibilización coincide con otras normas ya en vigor: el Decreto-Ley 130, sobre derechos de tierras y propiedad, y el Decreto-Ley 133, que permite empresas privadas de más de 100 trabajadores y la participación de cubanos en el exterior en el ecosistema empresarial de la isla. En conjunto, el paquete refuerza el contraste entre el control que rigió hasta ahora y la urgencia de corregirlo, con resultados que siguen pendientes de rendición de cuentas.