El Senado examina un proyecto de ley que reformaría la ley de extinción de dominio para asignar al menos un 10 % de los recursos obtenidos por bienes secuestrados, incautados, decomisados o extinguidos en procesos penales a políticas de prevención, atención y protección frente a la violencia contra las mujeres. La iniciativa vuelve a abrir el debate sobre el uso y la prioridad de esos fondos, que actualmente ingresan a la Cuenta Única del Tesoro para programas de lucha contra las drogas, reducción de la pobreza, reinserción social, investigación de ilícitos penales, protección fronteriza y mejoras en salud y transporte, además de reservar al menos un 10 % para el Incabide.
El texto legislativo incorpora un destino específico adicional para que, como mínimo, otro 10 % se canalice hacia acciones contra la violencia de género. De acuerdo con el proyecto, esos recursos quedarían a cargo del Ministerio Público, que coordinaría su aplicación junto al Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Educación y otras instituciones competentes, en un esquema que vuelve central la supervisión sobre la ejecución y los resultados.
Entre los usos contemplados están el apoyo prioritario a casas de acogida y centros de atención conductual para hombres vinculados a conductas de violencia de género o tentativa de feminicidio, así como planes en escuelas públicas orientados a promover nuevas formas de masculinidad y cambios en patrones culturales en las relaciones entre hombres y mujeres. También prevé campañas de publicidad en redes sociales y medios, en un escenario en el que el debate legislativo vuelve a presionar a las autoridades para explicar si la distribución actual de estos recursos responde a las prioridades más urgentes de la población.