Lo que nació en 2020 como una herramienta para transferir dinero entre cuentas bancarias terminó convirtiéndose en un factor de peso en la economía brasileña y en sus relaciones con Estados Unidos. Pix, creado y administrado por el Banco Central de Brasil, ya no se mide solo por su utilidad cotidiana: su expansión lo colocó en el centro de una disputa que mezcla mercado, regulación y poder económico.
El sistema permite transferencias en segundos, pagos con clave, identificador o código QR y operaciones en tiempo real a cualquier hora. Su avance se explica, sobre todo, por el costo: muchas operaciones son gratuitas para particulares y, en comercios, el promedio citado es de 0.22 %, por debajo de comisiones superiores al 1 % en tarjetas de débito y de alrededor de 2.2 % en tarjetas de crédito. Ese diferencial facilitó su adopción entre pequeños negocios, trabajadores informales y emprendedores, para quienes recibir pagos puede requerir solo un teléfono móvil y una cuenta habilitada.
Según los datos citados del Banco Central de Brasil, a julio de 2026 Pix tenía 176 millones de usuarios, cerca del 80 % de la población brasileña. En el primer semestre del año registró más de 7,000 millones de transacciones mensuales y movilizó en promedio unos 3.4 billones de reales al mes. Esa magnitud explica que el debate haya salido del terreno técnico: cuando una herramienta de uso masivo pasa a impactar competencia empresarial, política económica y comercio exterior, también crece la exigencia de fiscalización sobre sus efectos reales y sobre la capacidad de las autoridades para manejar el choque que genera.