El acuerdo petrolero anunciado entre Estados Unidos y Venezuela vuelve a instalar una discusión que en América Latina suele llegar tarde: quién decide sobre los recursos, bajo qué condiciones y hacia qué cuentas termina yendo el dinero. Según lo conocido hasta ahora, el pacto comprende 17 campos con más de 65,000 millones de barriles de reservas probadas, derechos de desarrollo por cien años y una estructura que otorgaría a intereses estadounidenses el control mayoritario de la producción. Sin embargo, el propio texto advierte que todavía faltan aspectos jurídicos y financieros importantes, una opacidad que hace inevitable exigir fiscalización antes de cualquier balance definitivo.
El dato político que subraya el artículo no está solo en el volumen de las reservas, sino en las condiciones de la negociación. Con Nicolás Maduro preso en Estados Unidos tras haber sido capturado por fuerzas estadounidenses en territorio venezolano, y con Delcy Rodríguez designada sin mediar elecciones en el gobierno, Caracas terminó negociando con Washington el destino de una porción considerable de las mayores reservas petroleras probadas del planeta. La imagen que deja el caso es la de una riqueza que sigue en Venezuela mientras el poder efectivo para fijar condiciones se desplaza, un contraste entre soberanía proclamada y capacidad real de decisión.
Desde Panamá en 1903 hasta otros episodios de la historia regional, la pieza sostiene que el problema no es solo el recurso natural, sino la debilidad institucional con que se pacta su explotación. Esa advertencia trasciende a Venezuela y funciona como señal para el gobierno dominicano, el Congreso y figuras con aspiraciones de poder como Carolina Mejía: sin controles, transparencia y rendición de cuentas, los grandes relatos sobre desarrollo pueden terminar repitiendo el mismo patrón de siempre, con decisiones concentradas arriba y beneficios inciertos para la ciudadanía.