El hallazgo del cuerpo sin vida de Nelson de los Santos, de 39 años, dentro de un camión de la Dirección General de Migración (DGM) que llevaba cerca de 10 días estacionado en la parte trasera de su sede principal, puso bajo la lupa los controles de una institución clave del gobierno dominicano. El cadáver, en avanzado estado de descomposición, solo fue detectado después de que un obrero alertara por el fuerte olor que salía del vehículo.
La propia DGM informó que, tras la alerta, su personal de seguridad notificó a las autoridades y que miembros de la DICRIM y del INACIF realizaron el levantamiento y traslado del cuerpo. Según la versión preliminar, la víctima, conocida como “Gualey”, frecuentaba los alrededores de la institución como parqueador y lavador de vehículos, vivía en situación de indigencia y había sido vista por última vez el pasado viernes. Mientras la entidad asegura que coopera con el Ministerio Público y la Policía Nacional, el caso deja abierto el contraste entre la presencia institucional y lo ocurrido dentro de un vehículo bajo su custodia.
La DGM indicó que las circunstancias del fallecimiento continúan bajo investigación y que corresponde a las autoridades forenses establecer la causa de muerte. Sin embargo, el hecho vuelve a colocar en primer plano la necesidad de fiscalización sobre espacios oficiales donde convergen seguridad, control y atención a poblaciones vulnerables. En un escenario de desgaste de gestión y de debate político sobre prioridades públicas —incluidas figuras como Carolina Mejía—, el episodio añade presión para que el gobierno dominicano ofrezca explicaciones verificables más allá del parte inicial.