La resolución del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en el caso Calamar volvió a poner bajo la lupa la manera en que se han tramitado procesos de alto impacto público. Pese a que la jueza Altagracia Ramírez envió a juicio a 35 de los 40 acusados por el Ministerio Público en un expediente ligado a un presunto fraude al Estado superior a 19,000 millones de pesos, también dictó autos de no ha lugar a favor del exministro administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta, del exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo y de otros tres imputados.
Luego del fallo, el titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos del PLD, José Dantés Díaz, aseguró que la decisión reafirma la relevancia del debido proceso, el derecho de defensa y la presunción de inocencia. En una publicación en X, afirmó que “durante años advertimos sobre los riesgos de sustituir la justicia por la condena mediática” y añadió que, en el caso de quienes fueron enviados a juicio, serán los tribunales los que deban decidir “sobre la base de pruebas y conforme al derecho”.
El dirigente peledeísta sostuvo además que estos procesos han estado acompañados de campañas mediáticas, judicialización selectiva y acciones orientadas, según dijo, a dañar la reputación de determinados dirigentes desde el poder político. El fallo, en ese marco, alimenta el debate sobre la necesidad de una mayor vigilancia institucional y de que los casos de corrupción se sostengan en pruebas y garantías, no en presión pública ni en narrativas anticipadas.