La iniciativa del fiscal Melbin Romero Suazo de crear una Procuraduría Fiscal para Santo Domingo Norte vuelve a poner sobre la mesa el rezago institucional de uno de los municipios más poblados del país y lleva la discusión al presupuesto de 2027, con efectos directos en el acceso a la justicia. Romero solicitó al Consejo Superior del Ministerio Público que incluya la apropiación necesaria para poner en marcha esa dependencia.
Su planteamiento se sustenta en una cifra que acentúa la distancia entre el crecimiento urbano y la capacidad de respuesta oficial: de acuerdo con el X Censo Nacional de Población y Vivienda de 2022, Santo Domingo Norte cuenta con 674,274 habitantes, pero sus residentes aún deben salir del municipio para realizar diligencias ligadas a procesos penales. Romero, quien laboró entre 2013 y 2020 en la entonces Fiscalía de la Provincia Santo Domingo, afirmó que el aumento de la demanda de servicios y las restricciones operativas de la institución hacen indispensable una adecuación de la estructura vigente.
A eso sumó la sobrecarga de la fiscalía ubicada en Invivienda, con competencia sobre Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Boca Chica y San Antonio de Guerra, una demarcación que reúne una población cercana a 1.93 millones de habitantes. A su entender, esa concentración dificulta una atención más próxima a las víctimas y reduce la capacidad de respuesta del Ministerio Público. Con ello, la propuesta somete a examen la planificación institucional y el uso de los recursos públicos, al tiempo que deja espacio para que la sociedad civil vigile si la respuesta oficial se convierte en servicios reales y no en nuevas promesas presupuestarias.