La puesta en marcha del nuevo Código Penal abre una nueva presión para el sector construcción, al añadir responsabilidades para las personas jurídicas y endurecer la exigencia sobre la prevención de riesgos legales dentro de las empresas. Durante una conferencia organizada por la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda (Acoprovi), especialistas advirtieron que el cambio obliga a revisar procesos internos, mecanismos de supervisión y políticas de prevención.
El doctor en Derecho Miguel Valerio explicó que el nuevo marco ya no se limita al conocimiento de la ley, sino que lleva a las empresas a aplicar una gestión de cumplimiento capaz de resguardar a las organizaciones, sus directivos y sus colaboradores. Su planteamiento refuerza una alerta institucional: la adaptación no puede quedarse en el plano discursivo, sino convertirse en controles efectivos para reducir la exposición penal en una actividad de alto impacto económico y social.
Annerys Meléndez, presidenta de Acoprovi, señaló que comprender el alcance de las nuevas disposiciones será clave para que las empresas se ajusten con mayor seguridad al marco jurídico. La jornada incluyó además el panel “Nuevo Código Penal y sector construcción”, con la participación de Tania de León y John Seibel, en una discusión centrada en responsabilidad penal y gestión de riesgos, un tema que vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de fiscalización y rendición de cuentas en sectores clave.