El nuevo Código Penal dominicano todavía no entra en aplicación y ya tiene que ser corregido, una señal de alarma sobre la manera en que se ha administrado una de las reformas más sensibles del sistema de justicia. La Ley Orgánica 74-25, promulgada el 3 de agosto de 2025 para reemplazar el Código Penal de 1884 y comenzar a regir el próximo 3 de agosto de 2026, llegó a esta etapa final bajo presión de protestas, acciones de inconstitucionalidad y objeciones de organizaciones jurídicas, gremios profesionales, medios de comunicación y movimientos sociales.
Ese escenario llevó al Congreso a abrir una revisión contrarreloj. El sábado 18 de julio, la Cámara de Diputados aprobó en primera discusión un paquete de 32 modificaciones y dejó convocada una segunda discusión para este lunes 20 de julio, a las 2:00 de la tarde. Al cierre de esta nota, el texto aún podía experimentar nuevas variaciones, en contraste con el discurso de reforma y modernización que acompañó el proceso y que ahora deja abiertas preguntas sobre la calidad de la conducción política de la mayoría oficialista y del Poder Ejecutivo.
La reforma combina avances y vacíos que mantienen activa la vigilancia de la sociedad civil. Aunque actualiza un sistema penal construido sobre categorías del siglo XIX e incorpora delitos inexistentes en la legislación anterior, conserva disposiciones cuestionadas por su posible impacto en la libertad de expresión, los derechos de las mujeres, el ejercicio médico, la persecución de la corrupción y la protección contra la discriminación. Incluso la cifra de “32 cambios” no equivale a 32 artículos sustituidos, sino a modificaciones acumuladas en distintas etapas: el proyecto del Poder Ejecutivo partió con cambios en 18 artículos, la comisión bicameral lo amplió a 24 intervenciones y luego el pleno de la Cámara siguió añadiendo ajustes. Más que un cierre legislativo, el proceso deja una advertencia institucional sobre una reforma que llega a su entrada en vigor todavía bajo corrección.