La extradición a Estados Unidos de Luichy Joel Sosa, un dominicano de 36 años acusado de robo, complicidad y delitos vinculados con armas de fuego, reaviva el debate sobre la capacidad de respuesta de las instituciones locales en casos de alta gravedad que terminan bajo jurisdicción extranjera. La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó que la entrega se realizó este fin de semana en coordinación con la Procuraduría General de la República y con apoyo del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.
De acuerdo con las autoridades, Sosa fue trasladado al Aeropuerto Internacional de Las Américas José Francisco Peña Gómez, donde abordó un vuelo rumbo a territorio norteamericano bajo custodia de oficiales estadounidenses. La extradición se ejecutó mediante el decreto 312-26 y el imputado deberá responder ante un tribunal del Distrito Este de Pensilvania por cargos de robo bajo la Ley Hobbs, complicidad, uso, porte y posesión de armas de fuego, entre otras acusaciones.
La DNCD recordó que el arresto se produjo en abril, durante un operativo de búsqueda y captura en Sánchez Ramírez, luego de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ordenara su detención. Aunque el organismo presentó el caso como parte del fortalecimiento de la cooperación con países aliados para ubicar y entregar fugitivos internacionales, el episodio también deja sobre la mesa la exigencia de vigilancia y rendición de cuentas sobre cómo operan estas estructuras delictivas y por qué casos de este tipo siguen escalando hasta requerir intervención internacional.