En Santiago y la región Norte, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) puso la Ley 30-26 al frente de su estrategia para mostrar avances en formalización empresarial, con un paquete de facilidades de pago, reducciones impositivas e incentivos orientado a quienes siguen en la informalidad. La apuesta se despliega en una de las áreas de mayor dinamismo económico del país, pero también con altos niveles de informalidad, una combinación que mantiene el foco sobre la capacidad de gestión para convertir el discurso oficial en resultados comprobables.
El 16 de julio, durante la exposición ante empresarios, el director general Pedro Urrutia Sangiovanni sostuvo que la normativa crea condiciones favorables para incorporarse al sistema tributario sin que la carga fiscal frene el crecimiento. Mencionó entre las medidas la baja de los recargos por mora al 3 %, con tope de hasta el 100 % de la obligación tributaria principal; una amnistía para deudas tributarias con condición de cosa irrevocablemente juzgada; la reducción al 10 % de la tasa aplicable a la ganancia de capital inmobiliaria de personas físicas; y exenciones ligadas a la vivienda habitual, la reinversión dentro de seis meses y la venta de la vivienda de personas mayores de 65 años.
La DGII agregó que desde 2027 quedará suprimido el impuesto del 1 % sobre la constitución de compañías y los aumentos de capital. Aunque el planteamiento oficial insiste en que acogerse a la ley permitirá ampliar la base tributaria sin subir tasas, el peso que se da a alivios, amnistías e incentivos vuelve a poner bajo escrutinio los resultados reales de Hacienda y del oficialismo en materia fiscal, así como el efecto de estas medidas sobre la recaudación, la formalización y las prioridades de la sociedad civil.