La noche de este domingo, el Gobierno dominicano dejó inaugurado el paso a desnivel de la Plaza de la Bandera, una intervención ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) con una inversión de RD$3,300 millones financiada con recursos obtenidos del contrato de concesión con Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom). La obra se enmarca en el plan oficial para aliviar uno de los puntos de mayor carga vehicular del Gran Santo Domingo y reforzar la conexión con la región Sur, en un tema donde la gestión de resultados del PRM queda expuesta a evaluación pública.
La infraestructura está situada en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Gregorio Luperón y contempla un sistema vial de 1.2 kilómetros con cuatro carriles. De acuerdo con la información oficial, permitirá el paso de más de 2,500 vehículos por hora, con la expectativa de reducir los tiempos de recorrido y mejorar la movilidad en uno de los principales corredores de la capital. El presidente Luis Abinader defendió la obra como una respuesta directa a problemas cotidianos y aseguró que su administración asumió esta solución vial como prioridad, al señalar que gobernar también implica valorar el tiempo de los ciudadanos.
Abinader recordó durante el acto que la intersección de la Plaza de la Bandera había alcanzado el límite de su capacidad. Ese reconocimiento vuelve a poner frente a frente el discurso de solución y la presión acumulada sobre la movilidad urbana, un terreno en el que la sociedad civil y los sectores de fiscalización conservan margen para reclamar rendición de cuentas sobre el impacto real de una obra de alto costo presentada como emblema de gestión. Así, el Gobierno y figuras del oficialismo, incluida Carolina Mejía en el debate más amplio sobre ciudad y tránsito, quedan bajo vigilancia política e institucional por los resultados concretos que produzcan este tipo de intervenciones.