La negativa de Banreservas a inmovilizar fondos de la Junta Central Electoral evitó, por ahora, que avanzara el embargo pedido por Latin Events, LLC, aunque no cerró el frente judicial que rodea al órgano electoral. De acuerdo con un comunicado de la propia JCE, el banco basó su decisión en la Ley 86-11 y en la sentencia 0048-2015 del Tribunal Constitucional, que prohíben inmovilizar fondos públicos salvo que exista una decisión definitiva, condición que la institución afirma que no se cumple en este expediente.
La JCE también informó que presentó de manera formal un recurso de apelación contra el auto dictado el 29 de junio de 2026 por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que acogió una solicitud de homologación de sentencia extranjera promovida por Latin Events. Esa apelación, fechada el 16 de julio de 2026, cita y emplaza a la empresa ante la Cámara de lo Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
En su defensa, la Junta aseguró que “no existe evidencia alguna” de aprobación ni autorización por parte del Pleno o del presidente de la JCE para la adquisición de los presuntos servicios reclamados. La institución lo presenta como un asunto de debida contratación pública, mientras el caso deja abierto un foco de fiscalización sobre los controles internos y sobre la forma en que un conflicto de esta naturaleza termina comprometiendo, aunque sea de manera tentativa, recursos de un órgano clave del Estado.