La negativa de Banreservas a embargar fondos de la Junta Central Electoral impidió la inmovilización de RD$108,720,000 reclamados por Latin Events, LLC, aunque no cerró un expediente que vuelve a exhibir la fragilidad institucional en torno a obligaciones discutidas en los tribunales. De acuerdo con la propia JCE, el banco sustentó su decisión en la Ley 86-11 y en la sentencia 0048-2015 del Tribunal Constitucional, normas que prohíben inmovilizar fondos públicos salvo que exista una sentencia definitiva, requisito que —según afirma el órgano electoral— no se cumple en este proceso.
El caso, sin embargo, continúa abierto. La JCE comunicó que presentó un recurso de apelación contra el auto del 29 de junio de 2026, dictado por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que acogió la solicitud de homologación de una sentencia extranjera depositada por Latin Events, LLC. Con esa decisión se pretendía otorgar fuerza ejecutoria en el país a un fallo emitido en Estados Unidos por alegado incumplimiento contractual, lo que mantiene bajo revisión un proceso con posible incidencia sobre recursos públicos.
La Junta asegura que probará ante los tribunales que no contrajo la obligación reclamada por la empresa y reiteró que no existe evidencia de aprobación ni de autorización de los servicios. Aun así, el hecho de que la disputa haya llegado hasta un conflicto por fondos de la institución refuerza el contraste entre el discurso de control y la exigencia de rendición de cuentas sobre la gestión de este tipo de procesos, en un escenario que vuelve a encender alertas sobre transparencia y estabilidad institucional.