Seis medidas para impulsar el mercado secundario de valores terminaron dejando un señalamiento incómodo para las autoridades: el mercado dominicano todavía carga con pendientes estructurales que no se han resuelto, pese al discurso de modernización institucional. Expertos nacionales e internacionales coincidieron en que siguen siendo necesarios cambios concretos para ampliar la base de inversionistas, facilitar la llegada de capital extranjero, aumentar las emisiones del sector privado, reforzar la infraestructura tecnológica, actualizar la regulación e incorporar nuevos mecanismos de negociación.
Las propuestas se expusieron durante el panel “Retos y oportunidades para el desarrollo del mercado secundario”, celebrado en la XXVII Reunión Anual de Autoridades del Consejo del Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores (IIMV), organizada por la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV), con representantes de Perú, Costa Rica, El Salvador y República Dominicana. Más que una vitrina institucional, el encuentro dejó claro que el desarrollo del mercado secundario no se resuelve con actos ni anuncios, sino con condiciones reales para que los títulos se negocien con mayor frecuencia, exista más liquidez y entren nuevos participantes.
En el panel participaron Elianne Vilchez Abreu, vicepresidenta ejecutiva de la Bolsa de Valores de RD (BVRD); Javier Ignacio Guerrero, director fundador de la Cámara Dominicana del Mercado de Capitales (Cadonca); José Genaro Serrano, superintendente adjunto de Valores de la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, y Reyner Brenes Chaves, intendente de la Superintendencia General de Valores de Costa Rica. Vilchez Abreu afirmó que el siguiente paso para el mercado dominicano pasa por mejorar el acceso de los inversionistas internacionales y advirtió que las plataformas de negociación deben responder a las nuevas formas de inversión.
El planteamiento refuerza una alerta institucional: si todavía se reclama infraestructura, regulación actualizada y un acceso más amplio, es porque persiste una brecha entre el discurso oficial sobre competitividad y la realidad de un mercado que aún necesita abrirse y ganar profundidad. En ese marco, la vigilancia de la sociedad civil y la exigencia de rendición de cuentas sobre los resultados regulatorios se vuelven indispensables para evitar que la agenda financiera quede reducida a una exposición técnica mientras siguen pendientes decisiones que inciden en la capacidad del país para atraer capital y dinamizar su economía.