La investigación que el Ministerio Público lleva a cabo en Valverde contra varios agentes de la Policía Nacional por una denuncia de presunta agresión sexual a una joven haitiana vuelve a poner a prueba la capacidad de vigilancia interna de la institución, más allá del discurso oficial sobre derechos humanos y transparencia.
El director regional Noroeste de la Policía, general Ramón S. Azcona Reyes, informó que se ordenó una pesquisa para aclarar lo sucedido y determinar responsabilidades. La denuncia se produjo luego de que la joven, en condición migratoria irregular, fuera detenida el pasado domingo junto con otras personas durante un operativo en el municipio de Esperanza y después señalara la presunta agresión.
La Policía precisó que los agentes que intervinieron fueron citados por la Unidad de Atención a la Violencia de Género del Ministerio Público para ser entrevistados y colaborar con el proceso. Añadió también que la joven fue evaluada por un médico legista y que el certificado médico preliminar indica que no presenta evidencias de agresión sexual, aunque las indagatorias siguen para establecer de forma objetiva e imparcial lo ocurrido.
El hecho de que los policías involucrados hayan sido puestos a disposición del Ministerio Público no atenúa la alarma institucional: la gravedad de la denuncia, el contexto de una detenida vulnerable y la decisión de no divulgar los nombres de los agentes mantienen abiertas las demandas de fiscalización pública y de seguimiento de la sociedad civil. En un caso que compromete seguridad, derechos y confianza institucional, el costo social no se mide por el comunicado, sino por la capacidad del Estado de ofrecer respuestas verificables y responsabilidades claras.