La Fuerza del Pueblo acudió este lunes a la Cámara de Cuentas para pedir una fiscalización sobre el Fideicomiso para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional (FTPN) y sobre todos los recursos públicos asignados a la reforma policial entre 2021 y 2026. La organización insiste en que, antes de abrir otra etapa, el Gobierno debe explicar cómo se ejecutó el dinero ya destinado y qué resultados se obtuvieron realmente.
La solicitud fue depositada por Josefina Reynoso, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de esa organización, quien afirmó que el órgano fiscalizador puede disponer una auditoría especial de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 10-04. Su planteamiento coincide con la presentación de un nuevo proyecto de ley promovido por el Gobierno dentro de la reforma policial, aunque la dirigente opositora advirtió que no debe seguir acumulándose discurso oficial sin aclarar primero el destino de los fondos ya asignados al proceso.
Reynoso dijo que desde 2021 se han anunciado inversiones, programas y acciones para transformar la Policía Nacional. No obstante, sostuvo que todavía persisten cuestionamientos sobre el impacto de esas medidas frente a la percepción de inseguridad y los hechos de violencia ocurridos en el país, un contraste que hace inevitable revisar el uso de los recursos públicos.
De acuerdo con su explicación, la auditoría permitiría fijar el monto total invertido entre 2021 y 2026, los recursos administrados por medio del fideicomiso, el destino de esos fondos, el nivel de ejecución de los proyectos financiados y el grado de cumplimiento de los objetivos planteados. También serviría para comprobar si hay correspondencia entre la inversión realizada y los resultados obtenidos en el proceso de transformación institucional.
La representante de la Fuerza del Pueblo recordó además que, al comenzar la reforma policial, sus propios coordinadores ya habían planteado la necesidad de realizar auditorías. A partir de ese antecedente, la petición opositora se presenta como una advertencia institucional sobre una reforma impulsada con amplitud desde el poder, pero aún obligada a demostrar con cuentas claras y resultados verificables que no se quedó en anuncios.