La Comisión Especial del Senado dio por concluido el estudio del proyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional, una propuesta que vuelve a colocar frente a frente el discurso de reforma y la necesidad de controles verificables sobre una institución marcada por cuestionamientos de gestión, supervisión y uso de recursos.
Franklin Romero, presidente de la comisión, explicó que durante el proceso se revisaron y modificaron varios artículos bajo el argumento de fortalecer la profesionalización y la eficiencia policial. Entre esos ajustes, el texto ratifica que el presidente de la República mantendrá el mando supremo de la Policía Nacional, de forma directa o a través del Ministerio de Interior y Policía, un aspecto que no cierra la discusión, sino que eleva la responsabilidad política del poder civil sobre los resultados de la reforma.
La iniciativa también amplía las atribuciones de la Dirección de Asuntos Internos, que no solo investigaría, sino que además supervisaría operaciones encubiertas, aplicaría pruebas de integridad al personal, controlaría el manejo de información reservada y rendiría informes sobre casos de corrupción y posibles vínculos de agentes con estructuras criminales. El alcance de esas facultades refuerza la alerta institucional: si el proyecto necesita blindar esas áreas, también deja en evidencia la magnitud de los controles que siguen pendientes y la obligación de fiscalización desde el Congreso y la sociedad civil.
A la vez, el texto fortalece las funciones del Consejo Superior Policial al otorgarle nuevas competencias sobre indicadores de gestión, proyectos de modernización, infraestructura, tecnología y presupuesto, además de la evaluación de ascensos, retiros y traslados de oficiales. Se suma, además, la eliminación de asignaciones permanentes de agentes a empresas privadas, corporaciones y fundaciones, de modo que ese servicio quede restringido a instituciones públicas y con sanciones administrativas, civiles y penales para las autoridades que desvíen policías de la seguridad pública.
El cierre del estudio en el Senado no se presenta como un punto de llegada, sino como el inicio de otra exigencia de fondo: si la reforma promete más supervisión, transparencia y disciplina, deberá probar ahora que no se trata de otro rediseño administrativo sin impacto tangible en la seguridad ciudadana, el uso del presupuesto y la rendición de cuentas que el país sigue esperando.