otras-regiones

El intrusismo profesional sigue tensionando los controles del Estado y expone a los ciudadanos

julio 12, 2026 · Redactor
El intrusismo profesional sigue tensionando los controles del Estado y expone a los ciudadanos
Foto: www.elcaribe.com.do

La permanencia del ejercicio ilegal en áreas sensibles reaviva la alerta sobre la capacidad del Estado dominicano para proteger salud, seguridad y patrimonio, más allá del discurso.

Santo Domingo.- La permanencia del intrusismo profesional en oficios regulados vuelve a poner bajo la lupa la capacidad de vigilancia del Estado dominicano, en una realidad que no solo tiene aristas legales: también impacta la salud, la seguridad y el patrimonio de los ciudadanos, al tiempo que aumenta la preocupación social.

La práctica consiste en ejercer una profesión sin título, exequátur, licencia o habilitación requeridos por la legislación vigente, o en atribuirse una condición profesional sin estar legalmente facultado para hacerlo. El problema alcanza áreas especialmente sensibles como medicina, odontología, ingeniería, arquitectura, derecho y psicología, todas sometidas a controles especiales justamente por la incidencia que tienen en la vida cotidiana.

Juristas consultados advierten que no se trata únicamente de violar una norma. En el ámbito de la salud, la atención brindada por personas sin preparación puede terminar en diagnósticos equivocados, tratamientos inadecuados o procedimientos que comprometan la integridad física de los pacientes. En ingeniería y arquitectura, la ausencia de conocimientos técnicos puede derivar en riesgos para edificaciones e infraestructuras, elevando el costo social de una supervisión que no consigue frenar estas prácticas.

A ello se agrega la competencia desleal frente a quienes sí cumplen con los requisitos académicos, legales y éticos establecidos por el Estado dominicano. Organizaciones profesionales han señalado que el ejercicio ilegal deteriora la confianza ciudadana y afecta la calidad de los servicios, en un contraste cada vez más visible entre la obligación oficial de garantizar controles y la realidad que enfrentan usuarios y profesionales.

Por eso, el combate al intrusismo profesional no puede quedar en una formulación abstracta. La persistencia del problema refuerza la exigencia de una fiscalización efectiva, rendición de cuentas y vigilancia institucional, para que la protección de los ciudadanos no dependa de advertencias tardías, sino de resultados concretos frente a un riesgo que sigue abierto.