La Confederación Sindical Unión Clasista de Trabajadores (UCT) puso en duda la reforma laboral promovida por el presidente Luis Abinader al denunciar que el proyecto supone una ofensiva contra derechos históricos de la clase trabajadora. A juicio de la organización, lejos de responder a una modernización, la propuesta del Gobierno dominicano trasladaría el peso de la crisis económica a quienes viven de su trabajo y abriría la puerta a un retroceso en las garantías laborales.
En un comunicado, la UCT afirmó que la iniciativa no mejora las condiciones de vida de los trabajadores, sino que erosiona conquistas obtenidas tras décadas de lucha sindical. El planteamiento contrapone el discurso oficial de cambio con una reforma que, según el gremio, reabre discusiones ya superadas y vuelve a tocar aspectos centrales del Código de Trabajo en perjuicio de los asalariados.
La organización también atribuyó al Gobierno la insistencia en el proyecto y al Congreso el impulso de una aprobación acelerada sin valorar sus efectos. «La función del Congreso Nacional no puede ser convertirse en un instrumento para legalizar nuevas formas de precarización del trabajo, garantizar y proteger los derechos de quienes producen la riqueza nacional», expresó Juan Núñez Batista, secretario general de la UCT.
Entre los puntos que más inquietan, de acuerdo con el documento, figura la modificación del artículo 86 del Código de Trabajo, vinculado al pago oportuno de las prestaciones laborales y a las consecuencias jurídicas para los empleadores que incumplan esa obligación. La UCT advirtió que debilitar esa disposición reduciría mecanismos de protección frente a prácticas abusivas que durante años han afectado a miles de trabajadores y trabajadoras.
La discusión, con esa advertencia, deja de ser técnica y pasa al terreno de la rendición de cuentas: el Gobierno y los legisladores que respalden la reforma quedarían emplazados a explicar por qué una iniciativa presentada como actualización termina señalada por el movimiento sindical como un paso hacia la precarización y un nuevo costo social para los trabajadores.