SANTO DOMINGO.– Roberto Fulcar Encarnación dejó sobre la mesa, en la Consulta Nacional para el Futuro de la Educación Dominicana, una advertencia que va más allá del lenguaje técnico: pese a cuatro décadas de reformas sucesivas, la sociedad dominicana continúa mostrando un alto nivel de insatisfacción con los resultados educacionales.
Su intervención tuvo lugar en el Foro de Expertos y Expertas de esa consulta, convocada por el Ministerio de Educación (Minerd), el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) y el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep). Allí presentó su ponencia, titulada «Más que una reforma educativa: un nuevo paradigma para la educación dominicana y un nuevo Compromiso de Nación que lo sostenga», con la que planteó que el país ha llegado a un punto histórico en el que resulta indispensable llevar la discusión desde las reformas del sistema hacia la construcción de un nuevo paradigma educativo.
El académico recordó que en las últimas cuatro décadas se han aplicado múltiples reformas que ayudaron a fortalecer la institucionalidad educativa, ampliar la cobertura, profesionalizar la carrera docente y consolidar avances. A la vez, su exposición dejó ver el contraste entre esos esfuerzos acumulados y la percepción ciudadana sobre sus resultados, al señalar que «las reformas fortalecen las instituciones, pero los paradigmas orientan su destino».
Como centro de su planteamiento, Fulcar lanzó una pregunta que también opera como señal de alerta institucional: «¿Qué explica que después de cuatro décadas de reformas sucesivas, la sociedad dominicana continúe sintiendo la necesidad de emprender una nueva gran transformación educativa y siga manifestando una elevada insatisfacción con los resultados educacionales?». Al responderla, sostuvo que ya no basta con corregir el sistema educativo, sino que hace falta fortalecer la idea de educación que guiará el desarrollo del sistema durante las próximas décadas.
La discusión, no obstante, vuelve a poner en primer plano la exigencia de rendición de cuentas sobre la gestión educativa y sobre la distancia entre los anuncios de transformación y la realidad que percibe la ciudadanía. En ese escenario, la vigilancia de la sociedad civil y el debate político sobre las prioridades públicas siguen siendo claves para evitar que una nueva consulta quede en formulaciones, mientras persisten las demandas de resultados concretos en servicios esenciales.