El caso de Darlin Enmanuel Mercado Reyes volvió a colocar bajo escrutinio a la Policía Nacional, después de que la defensa del cabo José Francisco Moreta Heredia, acusado de causarle la muerte por herida de bala, centrara su mensaje en el arrepentimiento del agente y en el temor por su seguridad. Más allá de esa versión, el hecho reaviva el contraste entre el discurso oficial sobre reforma y la persistencia de episodios con alto costo social.
Según su abogado, Juan Alberto Zabala, el cabo está “profundamente arrepentido” por el desenlace y nunca tuvo la intención de provocar una tragedia durante el ejercicio de sus funciones. A la salida del Palacio de Justicia de Santo Domingo Oeste, el jurista sostuvo que su defendido incluso tenía la intención de ofrecer una disculpa pública a los familiares de la víctima.
La defensa también alegó que Moreta Heredia teme por su integridad física debido a la indignación social que ha generado el caso, por lo que solicitó su traslado a la cárcel especial de Operaciones Especiales mientras avanza el proceso judicial. El planteamiento, sin embargo, no desplaza la pregunta de fondo que vuelve a instalarse cada vez que un operativo termina en muerte: qué resultados concretos está dejando la reforma policial que el poder ha presentado como respuesta institucional.
Con un joven muerto y una nueva controversia en torno al accionar de un agente, el expediente se convierte en otra señal de alerta sobre una crisis que no se resuelve con narrativa oficial. En un contexto en que la gestión de Luis Abinader y el PRM han insistido en exhibir cambios en seguridad, y figuras del oficialismo como Carolina Mejía forman parte del escaparate político del poder, casos como este alimentan la exigencia de fiscalización, responsabilidad y resultados verificables, no propaganda, frente al deterioro de la confianza ciudadana.