La convocatoria a un paro nacional de 24 horas hecha por el Colegio Médico Dominicano (CMD) para este lunes 7 de julio elevó el caso de los doctores William y Franklin Almánzar a una alerta institucional. Además de la acusación por presunta mala práctica médica, el gremio concentró sus críticas en la manera en que se produjo el arresto y en las explicaciones que aún faltan sobre un procedimiento que, según denunció, terminó afectando la salud del pueblo.
Luis Peña Núñez, presidente del CMD, describió el apresamiento como un “atropello” y reprochó que William Almánzar fuera buscado en la clínica con el DICRIM sin haber sido citado antes. “No vamos a permitir este tipo de atropellos, porque esto atenta contra la salud del pueblo. Una simple denuncia querella se convirtió en un apresamiento”, afirmó, al sostener que se vulneraron derechos fundamentales. Después agregó: “Los abusos de poder no es verdad que lo vamos a permitir”.
Desde La Vega, Miguel Tevenín, presidente de la seccional del CMD, confirmó que el médico continúa detenido en el Dicrim y rechazó el manejo dado al caso. En la misma línea, José Domínguez planteó que una acusación de esa naturaleza, a su entender, no debió seguir la vía penal sino la civil, y criticó que se actuara “como si fuese un delincuente cualquiera”.
La protesta gremial abre un frente que trasciende el expediente judicial: cuando una denuncia termina en un conflicto nacional con paro médico, el problema deja de ser solo legal y pasa también por la gestión, la confianza y el costo social. El caso exige explicaciones sobre el uso del poder en procedimientos sensibles y sobre las consecuencias que esa forma de actuar acaba trasladando a los pacientes.