La solicitud de prisión preventiva contra Franklin José Almánzar Escarramán y William Radhamés Almánzar Escarramán por un caso de presunta mala práctica médica en La Vega vuelve a exponer una realidad que golpea directamente a los pacientes: cuando los controles llegan después del daño, el costo social ya lo carga la víctima.
La Fiscalía de La Vega informó que presentará en las próximas horas la medida de coerción ante el tribunal competente, a partir de un expediente que atribuye a ambos imputados lesiones permanentes sufridas por una mujer tras un procedimiento odontológico realizado en un consultorio del Centro Médico V Centenario. La procuradora fiscal Aura Luz García Martínez dijo que el Ministerio Público actuará garantizando el debido proceso y los derechos de los imputados.
Según la investigación, el hecho ocurrió el 17 de enero, cuando la paciente acudió al consultorio para la extracción de cuatro terceros molares, procedimiento que sería cubierto por su seguro médico. El expediente indica que, tras evaluarla, Franklin José Almánzar Escarramán inició la intervención y, luego de aplicar anestesia, le comunicó que debía cortar el hueso porque supuestamente sus dientes eran de titanio.
El Ministerio Público sostiene que, después de unas cuatro horas sin completar la extracción de las piezas dentales, el imputado intentó retirar uno de los cordales superiores. En medio del proceso, la paciente dijo sentir un intenso dolor y se le indicó que sería necesario administrarle anestesia general para continuar.
Lejos de resolverse en el consultorio, el caso derivó en una cadena de consecuencias que refuerza la alerta institucional sobre la protección efectiva del usuario de servicios de salud. La mujer siguió con fuertes dolores e inflamación facial y buscó atención con otros especialistas, quienes determinaron daños importantes en su salud bucal como consecuencia del procedimiento practicado.
Una certificación médica incorporada al expediente establece que la paciente sufrió lesiones permanentes, entre ellas dolor microfacial, edema facial moderado, nervios atrofiados, herida desgarrada, trismo y parestesia. Más allá del proceso judicial en curso, el caso deja una pregunta de fondo sobre la capacidad de respuesta y fiscalización antes de que una intervención termine en secuelas irreversibles para un ciudadano que acudió a recibir atención médica.