La objeción de Mario Díaz al incremento del pasaje anunciado por transportistas de Santiago dejó sobre la mesa una exigencia de rendición de cuentas: si el Gobierno dominicano mantiene congelados los combustibles que usa buena parte de la flota y, además, sostiene subsidios para el sector, ¿con qué respaldo se pretende trasladar un nuevo costo a la población?
El dirigente sindical rechazó el aumento anunciado por Juan Marte, previsto para entrar en vigor el próximo lunes, al afirmar que, en la situación actual, no existe base técnica, económica ni financiera para subir las tarifas del transporte público de pasajeros. Su planteamiento expone una tensión que va más allá de Santiago: la diferencia entre el discurso de protección al usuario y la obligación de vigilar que las ayudas públicas realmente eviten abusos en un servicio esencial.
Díaz recordó que el transporte continúa recibiendo apoyo estatal, entre ellos el subsidio al gasoil para autobuses, minibuses y vehículos de carga, así como el programa Bono Gas para carros del concho que operan con GLP. En ese escenario, advirtió que trasladar aumentos a los pasajeros golpearía de forma directa la economía de miles de trabajadores, estudiantes y ciudadanos que dependen a diario del transporte público.
Además, exhortó a los sindicatos y a las organizaciones de transportistas de Santiago a dejar sin efecto la medida y a abrir un espacio de diálogo y concertación con las autoridades. El episodio, sin embargo, deja una alerta institucional más amplia: cuando hay subsidios, congelamiento de combustibles y aun así aparece presión para elevar tarifas, la sociedad civil y las autoridades quedan obligadas a fiscalizar mejor, pedir explicaciones y evitar que la gestión termine descargando sobre la gente un costo social que se supone debía contenerse.