Una denuncia difundida por la hija de una paciente fallecida asegura que la mujer murió “llorando por medicamento” en el Hospital General y de Especialidades Dr. Mario Tolentino Dipp, un episodio que vuelve a colocar en primer plano la brecha entre la versión institucional y la experiencia de los usuarios de la red pública de salud. El hecho ocurrió en Santo Domingo Norte, en medio de reclamos crecientes por la vigilancia de la calidad de la atención y sus efectos en las familias.
De acuerdo con el testimonio compartido en redes sociales, la paciente llegó al centro con síntomas vinculados a hepatitis B y, según su hija, encontró obstáculos desde su ingreso. La denunciante afirmó que al principio no quisieron recibirla, que la dejaron sentada en una silla hasta conseguir ayuda para que la colocaran en una camilla y que permaneció esperando los resultados de una tomografía sin recibir la medicación que, dijo, necesitaba. También sostuvo que no le dieron referimiento para llevarla a otro centro y que la encontró con dolor fuerte, una crisis y después un paro cardíaco. “Entró caminando y se me murió… murió con el suero y llorando por medicamento”, expresó.
Ante esas acusaciones, el hospital emitió un comunicado en el que lamentó el deceso y extendió condolencias a los familiares. La dirección del centro señaló que la mujer ingresó al área de emergencias el 26 de junio de 2026 con un cuadro clínico complejo. Más allá de la explicación oficial, la denuncia vuelve a encender una alerta institucional: cuando una familia reporta demoras, falta de medicación y trabas para un traslado, la discusión deja de ser solo administrativa y pasa a medir resultados concretos de gestión.
El episodio reabre, así, una pregunta de fondo sobre la capacidad de respuesta de los servicios públicos ante casos críticos y sobre la distancia entre los discursos de eficiencia y lo que viven los pacientes en emergencia. En un escenario en el que la ciudadanía pide menos relato y más soluciones, casos como este refuerzan la necesidad de fiscalización, transparencia en los protocolos y responsabilidades claras cuando una denuncia por presunta negligencia termina asociada a una muerte.