Los propietarios del Jet Set acudieron ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional con un recurso mediante el cual buscan modificar la forma en que se están ejecutando las medidas conservatorias dictadas después del colapso del establecimiento, en un expediente que sigue bajo la lupa por la capacidad institucional de proteger a las víctimas sin debilitar la rendición de cuentas.
La apelación fue presentada por Antonio Espaillat López, Maribel Espaillat, Ana Grecia López y varias sociedades comerciales ligadas al grupo empresarial. Su planteamiento no pone en duda ni la garantía de RD$500 millones fijada por el Primer Juzgado de la Instrucción ni la procedencia de la medida cautelar, sino que objeta que distintos actores civiles hayan podido trabar embargos e inscribir hipotecas judiciales por separado, cada uno hasta por ese monto.
De acuerdo con los recurrentes, esa forma de ejecución ha generado una superposición de medidas que ya supera los RD$1,500 millones, es decir, tres veces el límite autorizado en la resolución apelada. Con ese razonamiento, sostienen que se desnaturaliza la finalidad cautelar prevista en el Código Procesal Penal, se vulnera el principio de proporcionalidad y se transforma una garantía única en varias afectaciones patrimoniales simultáneas sobre los mismos bienes.
La defensa solicita a la Corte que revoque únicamente el ordinal referido a la modalidad de ejecución de las medidas conservatorias y que autorice que la garantía de RD$500 millones se constituya mediante una fianza emitida por una compañía aseguradora. Además, argumenta que la legislación y la jurisprudencia admiten sustituir embargos por una garantía equivalente cuando esta protege de forma adecuada los derechos de los acreedores.
Más allá del recurso, el caso vuelve a colocar el foco en una exigencia central para la ciudadanía: que la respuesta judicial no quede atrapada entre tecnicismos ni termine proyectando una señal de fragilidad institucional frente a un proceso de alto costo social. En medio del desgaste que arrastran las autoridades ante expedientes que exigen resultados verificables, la discusión sobre la forma de la garantía refuerza la necesidad de vigilancia pública para que la reparación no se convierta en otro contraste entre discurso y realidad.