Los trabajos de rehabilitación del puente Francisco del Rosario Sánchez, conocido como puente de la 17, ya dejan ver movimientos concretos después de casi dos años de intervención. Sin embargo, junto con el avance técnico persiste un costo social que vuelve a poner bajo la lupa la gestión de una obra considerada clave para la ciudad.
Mientras se colocan andamios y se cambian elementos estructurales, familias desalojadas denuncian que las compensaciones fueron insuficientes y que, además, hubo daños en servicios básicos en los alrededores del viaducto.
En la margen de Santo Domingo Este, todas las familias que vivían debajo de la estructura ya fueron desalojadas. Del lado del Distrito Nacional, en cambio, todavía quedan alrededor de 15 viviendas pendientes de reubicación. En esa zona, los afectados manifestaron inconformidad con los pagos recibidos: afirmaron que les entregaron 80, 100 y hasta 200 mil pesos por sus casas, montos que, según dicen, no les alcanzan para comprar «ni un solar». También señalaron que los tractores derribaron las viviendas y rompieron tuberías de agua, lo que provoca desperdicio del servicio cuando la Caasd lo envía.
La empresa Proyectos Industriales, S.A. (Pinsa), contratista de la obra, instaló andamios en ambos extremos del puente para facilitar el reforzamiento. Además, con grúas y una barcaza en el río Ozama, se levantan y sustituyen piezas metálicas deterioradas como parte de la intervención. Ese dato técnico confirma que la obra sigue en marcha, aunque también deja en evidencia la distancia entre el discurso de avance y una realidad en la que aún quedan familias por reubicar y reclamos sin resolver.
En los trabajos participa un equipo de ingenieros venezolanos especializados, debido a que la estructura fue construida en Venezuela y tiene más de 50 años. Las autoridades sostienen que esa experiencia es fundamental para la intervención, que requirió un levantamiento detallado de los componentes estructurales para definir cuáles debían ser reforzados o sustituidos. El proyecto incluye un nuevo sistema de pintura anticorrosiva con vida útil estimada de 20 años, pero el foco ciudadano sigue puesto en otra pregunta: si una obra de esta magnitud puede presentarse como avance suficiente cuando todavía arrastra impacto social, reubicaciones pendientes y explicaciones por el manejo del proceso.