El nuevo Código Penal dominicano llega a su etapa de aplicación con 71 artículos bajo cuestionamiento, en un escenario que reabre la discusión sobre su ajuste a la Constitución y los desafíos jurídicos que podrían acompañar su entrada en vigor en agosto.
La advertencia fue planteada por Moscoso Segarra, cuya posición coloca el foco en los obstáculos legales que todavía rodean la reforma penal y en la necesidad de evaluar con mayor rigor su compatibilidad constitucional antes de que comience a producir efectos.
Más allá de su aprobación, la pieza central del debate ahora es cómo se implementará la normativa, qué alcance real tendrán los artículos observados y qué mecanismos de revisión o corrección existirán para evitar nuevos conflictos de interpretación o eventuales impugnaciones.
El cuestionamiento sobre 71 disposiciones no solo mantiene abierta la presión por una revisión constitucional, sino que también plantea un tema de interés público: la seguridad jurídica de una reforma llamada a regir en un plazo inmediato.
En ese contexto, la entrada en vigor del nuevo Código Penal no debería leerse como un cierre del debate, sino como el inicio de una fase en la que las autoridades y los actores jurídicos tendrán que demostrar claridad, consistencia normativa y capacidad de respuesta frente a las objeciones acumuladas.