La propuesta de aumentar de 0.15% a 0.20% el impuesto aplicado a las transferencias, contenida en la Ley 30-26, abrió un choque directo con la meta de bancarización, según la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA).
La entidad advirtió que la medida encarecería las operaciones de personas y empresas, con un efecto inmediato en el costo de transacciones cotidianas y en el uso de canales formales del sistema financiero. En ese escenario, el debate no se limita a un ajuste técnico: también pone sobre la mesa el costo ciudadano de una decisión tributaria y su posible impacto sobre la inclusión financiera.
La ABA sostuvo que el incremento podría frenar la bancarización y la digitalización, dos objetivos que suelen presentarse como ejes de modernización económica. Sin embargo, cuando un impuesto sube, la discusión pública también debe centrarse en quién asume el peso del cambio, qué resultados concretos espera el Estado y si existen alternativas menos gravosas para la población y el sector productivo.
El planteamiento de la banca ocurre en un contexto en el que cualquier modificación tributaria requiere fiscalización sobre su alcance real, su transparencia y su relación con el gasto público. En particular, si la recaudación adicional proviene de operaciones de uso frecuente, el efecto sobre hogares, comercios y empresas pequeñas puede ser más visible que el beneficio recaudatorio esperado.
Por ahora, el señalamiento de la ABA coloca el tema en el terreno del interés público: una eventual subida del impuesto a las transferencias no solo impactaría el costo de mover dinero, sino también la confianza en la expansión de los pagos digitales y en la promesa de una economía más formalizada.