Un informe privado de la denominada Rape Gang Inquiry concluye que redes organizadas de explotación sexual infantil actuaron durante décadas en distintas zonas del Reino Unido, amparadas por fallos sistemáticos de instituciones públicas llamadas a proteger a las víctimas. El documento, de 219 páginas y sin carácter oficial, sostiene que las autoridades británicas no respondieron de forma eficaz pese a denuncias e indicios reiterados sobre estos abusos.
La investigación reúne testimonios de sobrevivientes, familiares y denunciantes, y señala que la falta de reacción de cuerpos policiales, servicios sociales, centros educativos y otros organismos públicos permitió que estos delitos se mantuvieran durante años sin una respuesta adecuada. Según el resumen ejecutivo, la mayoría de las víctimas eran niñas en situación de vulnerabilidad, captadas mediante engaños, alcohol o drogas y después sometidas a explotación sexual por grupos organizados en diferentes localidades.
Ante ese escenario, los autores piden reformas profundas en los sistemas de justicia y protección de menores. Entre las recomendaciones figuran el endurecimiento de sanciones, mejores mecanismos para registrar información sobre agresores, mayor intercambio de datos entre agencias y medidas de rendición de cuentas para las instituciones que incumplan sus obligaciones legales, en un nuevo llamado a la vigilancia y el control sobre organismos que, según el informe, fallaron durante años.