La promesa del presidente Luis Abinader de transparentar la gestión del Gobierno mediante la publicación periódica de auditorías financieras y de gestión contrasta, dos años después, con los propios datos oficiales. En septiembre de 2023, la Presidencia presentó la divulgación de los primeros 19 informes de la Contraloría General de la República como un avance en transparencia y en el cumplimiento de la Constitución y de las leyes 200-04 y 10-07.
Pese a ello, entre 2023 y 2024 la Contraloría registró 206 auditorías y únicamente 39 fueron publicadas, para un 18.9 % del total. La distribución oficial también señala que otras 39 estaban listas para divulgarse, 67 permanecían en proceso, 33 estaban concluidas pero no se difundieron y 28 correspondían a gobiernos locales. La distancia entre los anuncios y esas cifras pone bajo presión la versión oficial sobre el acceso ciudadano a la información del uso de los fondos públicos.
Hasta ahora, en 2026 la entidad solo ha hecho públicas tres auditorías, relativas al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, el Ministerio de Energía y Minas y el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia. Esos informes, elaborados entre 2020 y 2022, siguen siendo escasos frente al volumen de auditorías concluidas o en trámite de aprobación desde 2024, en un escenario que alimenta la demanda de mayor fiscalización y explicaciones sobre por qué la mayoría de esos procesos no ha sido divulgada.