El comunicador Carlos Enrique Rubio Martínez enfrenta un nuevo proceso penal por presunta difamación e injuria a través de medios electrónicos, después de que el empresario Alejandro Felipe Mauad Astwood y su esposa, Massiel Miguelina Sención Suárez, depositaran una denuncia ante la Fiscalía del Distrito Nacional por publicaciones difundidas en redes sociales. El caso adquiere mayor peso porque Rubio reside en Estados Unidos y, según documentos del proceso, ya habría sido declarado en rebeldía en otra causa, lo que abre la puerta a mecanismos judiciales para procurar su comparecencia ante la justicia dominicana.
De acuerdo con la querella, Rubio difundió informaciones que los denunciantes califican como falsas y lesivas para su honor, incluyendo señalamientos que vinculaban a Mauad con supuestas influencias en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y con alegadas irregularidades en contrataciones estatales. Los querellantes sostienen que esas imputaciones fueron divulgadas sin sustento y con el propósito de afectar su imagen pública, en un expediente que también recoge publicaciones con fotografías e informaciones personales de la familia.
La nueva acción judicial se suma a otros casos en los que Rubio también ha sido acusado de extorsión y difamación, incluido uno presentado ante la justicia de Estados Unidos. Más allá del expediente puntual, el proceso vuelve a exponer un problema de vigilancia institucional: cuando denuncias de alto impacto público terminan bajo cuestionamiento judicial, crece la exigencia de que las autoridades actúen con firmeza y que cualquier señalamiento sobre corrupción o tráfico de influencias esté respaldado por pruebas, no por campañas digitales sin control.