La resolución de no ha lugar a favor de los exministros Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y otros imputados en el presunto caso de corrupción administrativa en perjuicio del Estado por más de 19,000 millones de pesos volvió a poner bajo la lupa la respuesta institucional ante expedientes de gran impacto. La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, sostuvo este lunes que la decisión de la magistrada Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, exhibe “falencias procesales elementales” y confirmó que el Ministerio Público la apelará.
A través de un documento de prensa, Reynoso aseguró que la lucha contra la corrupción “no se detendrá” y advirtió que dejar firme una resolución que, a su juicio, no tiene sustento jurídico y beneficia a imputados con un papel fundamental dentro de una estructura criminal no sería “honesto ni justo para el país”. También indicó que el órgano persecutor agotará todos los recursos procesales disponibles, mientras las demás instancias judiciales deberán asumir la responsabilidad que les corresponde conforme al derecho.
La procuradora añadió que no puede pasarse por alto que, según expuso, uno de los imputados favorecidos con el no ha lugar admitió haber recibido más de 700 millones de pesos en efectivo provenientes de actos de corrupción. Con la apelación, el expediente entra en una nueva etapa marcada por la revisión judicial y por la exigencia de rendición de cuentas en un caso que involucra un presunto daño al Estado por miles de millones de pesos.