Lima, 2 jun (EFE).- La segunda vuelta presidencial en Perú, prevista para el 7 de junio entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, se desarrollará en un clima de fuerte polarización y con señales de alerta institucional: las irregularidades denunciadas en la primera vuelta, el lento escrutinio y una década de crisis política han vuelto a situar en primer plano la fragilidad del sistema. En diez años, el país ha tenido ocho presidentes, una cifra que resume el desgaste acumulado y la falta de estabilidad que sigue marcando la decisión de los votantes.
La disputa vuelve a orbitar en torno al eje fujimorismo-antifujimorismo, con Fujimori en su cuarta segunda vuelta consecutiva y con el antecedente de que ese pulso fue resuelto a favor de sus adversarios en 2011, 2016 y 2021. El escenario también remite a la elección de 2021 al enfrentar a la hija de Alberto Fujimori con Sánchez, identificado con el símbolo del sombrero del encarcelado expresidente Pedro Castillo. Más que una mera competencia electoral, el proceso refleja a un país atrapado entre bloques enfrentados mientras persisten las dudas sobre la calidad del arbitraje electoral y la capacidad del sistema político para ofrecer certidumbre.
A ello se añade un electorado marcado por el desencanto y la indecisión, después de años de inestabilidad y de márgenes mínimos que en las dos últimas elecciones desembocaron en escrutinios prolongados. La combinación de una logística compleja, un sistema burocrático de impugnaciones y la desafección ciudadana convierte esta segunda vuelta en una prueba de vigilancia democrática, con la atención puesta no solo en quién gane, sino en si el proceso logra responder a la demanda de confianza y rendición de cuentas que dejó abierta la primera vuelta.